La procuradora fiscal de Puerto Plata, Alba Núñez Pichardo, adelantó la noche de este lunes que en los próximos días procederá a solicitar orden de arresto contra dos coroneles de la Policía que actuaron en el allanamiento en el residencial La Multa III, del municipio Sosúa de esa provincia.

En una entrevista vía telefónica en el programa "El Gobierno de la Noche" de la Z101, la magistrada Núñez Pichardo dijo que a través de la Procuraduría General de la República se solicitará la detención de los coroneles Roberto Salcedo Santos y Raymundo Ogando, para proceder a solicitar medidas de coerción ante el tribunal de la Atención Permanente de Puerto Plata.

Éstos serían acusados por maltratos físicos a los alemanes y a un vigilante haitiano, al que hicieron dos disparos en las piernas, y no por las sustracciones de más de 60 millones de pesos, que alegan los alemanes se habrían llevado el 17 de octubre del 2012, cuando se realizó el allanamiento.

Al responder preguntas de los comentaristas, Núñez Pichardo explicó que la presentación de cargos ha tomado mucho tiempo porque es un caso que consideró complejo, debido a las complicaciones y recaudación de las pruebas.

Añadió que las informaciones sobre las sustracciones de bienes y valores surgieron después de los allanamientos y porque los alemanes no habían aportado las pruebas, sino que es precisamente la Policía que aporta algunas informaciones sobre el caso, luego de investigaciones internas con los oficiales y agentes participantes.

Sostuvo que una vez concluida las investigaciones de la Policía Nacional y mediante la elaboración de un informe de los fiscales actuantes en el caso, en base a los datos obtenidos la Fiscalía de Puerto Plata procederá a realizar los sometimientos correspondientes contra quienes resulten culpables de las sustracciones denunciadas y las violaciones penales cometidas.

Manifestó que por el momento no hay pruebas que involucren o puedan inculpar a los tres fiscales actuantes en el o los allanamientos que se realizarían en las viviendas de los alemanes en el residencial La Mulata III, del municipio Sosúa.

La magistrada agregó que los fiscales le admitieron que se integraron a la requisa después del tiroteo en el residencial, porque cuando llegaron a la puerta los alemanes dispararon contra el contigente policial, por lo cual se guarecieron para evitar ser alcanzados por los disparos.

Negó que los fiscales llegaran después de la intervención policial, y aseguró que éstos se presentaron junto a los agentes para practicar los allanamientos.

Sobre los $60 millones sustraidos

Núñez Pichardo afirmó que en el referido caso no se puede asegurar que hubo el robo de 60 millones de pesos en el lugar, ya que los alemanes no han aportado certificaciones, facturas ni inventarios de bienes ni de dinero en efectivo que así lo atestiguen.

No obstante, admitió que cuando se produjeron los tiroteos, especificamente en la residencia del alemán Peter Brunk, los fiscales no entraron juntos a los policías, quienes aprovecharon para sustraer bienes y valores no especificados.

"No hay aún recursos retenidos, todo está en proceso de investigación, pero sí hay indicios comprometedores, pero no se podrá decir que hay una investigación acabada, porque aún se haga el sometimiento para solicitar las medidas de coerción correspondientes", sostuvo la magistrada.

Agregó que las investigaciones sobre los 60 millones de pesos inician en diciembre, luego del sometimiento de los alemanes, que es cuando aportan unos vídeos, que según manifestó no aportan pruebas suficientes sobre las sustracciones, pero sí en torno a los maltratos físicos al señor Peter Brunk y al haitiano baleado.

La fiscal Núñez Pichardo enfatizó esos vídeos no aportan elementos para una prueba acabada o absoluta para el Ministerio Público avalar acusaciones contra determinados oficiales o agentes actuantes en el caso, por lo cual continúan las investigaciones.

Muerto y apresados

El hecho ocurrió el 17 de octubre del 2012 y en la ocasión fue abatido Peter Ebert Demetrick y  detenidos Peter Brunck y su hijo Daniel Brunck, así como su acompañante Sol Beitritrish, a quienes se les atribuye encabezar una asociación de malhechores, lo cual han negado y se han definido como miembros de una entidad educativa y médica, negando que trafiquen con órganos humanos, que traficaran con armas o fueran parte de una red delictiva.

Tras la intervención de la embajada de Alemania en el país se iniciaron investigaciones al respecto y fueron sancionados 14 oficiales y agentes de la Policía actuantes en el caso o que debieron haber dirigido las operaciones.

Entre los altos oficiales sancionados fueron citados los generales Pablo R. Almonte, Máximo Báez Aybar y con amonestación verbal Ney Aldrin Bautista, a quienes se les endilga no haber informado consistentemente sobre los hechos.

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